Análisis de Tyler Bridges
Dos vehículos utilitarios interceptaron el automóvil de Valentín Valdés Espinosa en el centro de Saltillo, México. Unos matones armados obligaron al reportero de asignaciones generales de 29 años de edad a entrar en uno de los autos. Sucedió poco antes de la medianoche del 7 de enero de 2010.
En los días precedentes, Valdés Espinosa había informado agresivamente sobre el arresto de varios narcotraficantes en esa ciudad norteña de México para su periódico, El Zócalo de Saltillo, y había cometido el pecado cardinal de identificarlos por nombre. En otro artículo, Valdés Espinosa había identificado a un agente policial que fue arrestado por estar en la nómina de los narcotraficantes.
Gabriela Ramírez es consolada durante el funeral de su marido, Francisco Ortiz Franco, director de Zeta, un semanario sensacionalista de Tijuana, México. Ortiz Franco, quien había escrito impactantes informes acerca de los narcotraficantes, fue abaleado en el 2004 mientras salía de un consultorio médico. Dos de sus hijos estaban con él en el automóvil. Sus asesinos siguen prófugos y su esposa se queja de que la policía nunca le pidió información con fines de investigación. (Cortesía de la Fundación Knight)
Los pistoleros o “gatilleros” ataron a Valdés Espinosa, lo golpearon y le dispararon cinco balazos. Dos horas después del rapto, dejaron su cadáver frente a un motel. En una nota manuscrita que apareció junto al cuerpo, decía: “Esto les va a pasar a los que no entiendan, el mensaje es para todos”.
Parece ser que las autoridades locales entendieron el mensaje, pues apenas han investigado el caso y ni siquiera han revisado la computadora del periodista.
Desde esa fecha, otros ocho periodistas mexicanos han sido asesinados y ocho más han sido secuestrados y aún están desaparecidos, lo que representa un total de 17 muertos y desaparecidos en lo que va del año. Ninguno de sus casos ha sido resuelto, en un país donde los narcotraficantes en guerra se han matado entre sí en batallas territoriales, han asesinado a policías y políticos y han participado en tiroteos sangrientos con soldados del Gobierno que han sido enviados a restaurar el orden.
Desde que el presidente Felipe Calderón tomó posesión a finales de 2006, el saldo de víctimas mortales relacionadas con el narcotráfico, que venía aumentando gradualmente desde hacía años, superó la cifra de 28.000 víctimas, entre las que ahora hay unos 50 periodistas.
Al sentirse intimidados, y no en balde, muchos periódicos de México han dejado de publicar reportajes sobre la violencia del narcotráfico y se han limitado a imprimir los comunicados de prensa oficiales sobre este particular. Los periódicos y estaciones de televisión en Ciudad Juárez y otras ciudades fronterizas con los Estados Unidos han renunciado por completo a tratar el tema. Simplemente, ya no dan información sobre los tiroteos relacionados con las drogas, que terminan con cadáveres de policías, narcotraficantes y ciudadanos comunes en las calles. Estos medios de comunicación incluso llegan a publicar algunos artículos que les exigen los narcos.
Valentin Valdés Espinosa. (Courtesía de la Fundación Knight)
“Estamos en medio de una guerra no declarada”, dice Roberto Rock, que trabajaba como editor del diario El Universal, de Ciudad de México.
Esta realidad se puso de relieve el 16 de septiembre, cuando un fotógrafo y un becario de El Diario de Juárez, que salían a almorzar, fueron víctimas de un tiroteo en el que el fotógrafo murió y el becario quedó herido de gravedad. Tres días después, El Diario, que es el periódico más importante de la ciudad más violenta de México, dio el insólito paso de publicar en primera plana un editorial en el que pedían a los cárteles del narcotráfico que explicaran los tipos de información que el periódico no debería publicar, a fin de evitar nuevos ataques.
Frente a la peor oleada de violencia que jamás se haya registrado contra los periodistas en América Latina, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP, con sede en Miami) ha redoblado sus esfuerzos en México mediante la realización de investigaciones sobre los hechos relacionados con los asesinatos, la organización de seminarios sobre cómo pueden protegerse mejor los reporteros y la aprobación de resoluciones respaldadas por sus 1.061 miembros, en las que se condenan los asesinatos y se exige justicia. En 2010, la SIP envió a México dos delegaciones de alto nivel. La segunda de ellas sostuvo una larga reunión con el presidente Calderón el 22 de septiembre, en la cual él prometió federalizar los crímenes contra la libertad de expresión.
No obstante, ante el empeoramiento de la situación en México y un preocupante aumento de los asesinatos en Honduras que ha contrapesado los logros obtenidos en Colombia, Brasil y otros países, y ante el hecho de que en otras partes de América Latina aún hay periodistas que resultan asesinados o reciben amenazas de muerte, se plantea esta acuciante interrogante: ¿cómo puede la SIP ofrecer mejor protección a los periodistas de la región?
No es una pregunta ociosa. Desde 1995, la Fundación John S. y James L. Knight ha financiado la campaña de la SIP con objeto de hacer justicia a los asesinados en el cumplimiento de sus funciones y de proteger a los reporteros asignados a casos peligrosos. Esta campaña, que recibe el nombre de Proyecto Impunidad, incluye a todos los países de América Latina, pero se concentra en los más afectados por la violencia contra los periodistas, es decir, México, Colombia y Brasil. El proyecto ha recibido donaciones por más de 7,6 millones de dólares en total, con inclusión de 2,5 millones de dólares recibidos en los últimos cuatro años.
Después de un viaje de reportaje durante dos semanas en el que se realizaron entrevistas a reporteros, editores y funcionarios de la SIP en Colombia, México y los Estados Unidos, así como entrevistas telefónicas a periodistas de otros países, se llegó a las conclusiones siguientes:
El Proyecto Impunidad en cifras, de 1995 a agosto de 2010. *Asesinados o desaparecidos y presumiblemente muertos. **Comisión Interamericana de Derechos Humanos. FUENTE: Sociedad Interamericana de Prensa.
- La organización ha logrado una clara mejoría en el parámetro que quizás sea el más importante: ya no todos los asesinos de periodistas quedan impunes. Gracias a las misiones y los esfuerzos persistentes de la SIP, el problema de la impunidad ha quedado incluido en el orden del día de muchos líderes gubernamentales en la región y de grupos internacionales como la UNESCO. En varios países importantes se han hecho más estrictas las leyes en lo que respecta al asesinato de periodistas y se está trabajando activamente en investigaciones y casos judiciales, aunque rara vez hay constancia en estos esfuerzos. Asimismo, ya no se han registrado más asesinatos de periodistas en Colombia o en Brasil.
- Pese a las mejoras, la realidad esencial en América Latina sigue siendo preocupante: la mayoría de los asesinos de periodistas aún tienen muy pocas probabilidades de terminar en prisión. Las fiscalías han procesado con éxito solamente 59 de los 258 casos de asesinatos, confirmados o supuestos, de periodistas en América Latina desde 1995. No obstante, para poner la situación en su contexto, vale señalar que la impunidad es un mal generalizado en una región donde la justicia es más un ideal que una realidad. La SIP sólo puede contribuir a reducir la impunidad en los casos en que sus medios principales (la investigación de asesinatos, aprobación de resoluciones y encuentros cara a cara con líderes políticos) inspiran a los gobiernos a actuar. En los casos en que reina la ilegalidad, como sucedía en Colombia en los años 80 y 90, y como ocurre en México en la actualidad, la SIP tropieza con obstáculos prácticamente insuperables en sus esfuerzos por que se haga justicia con los periodistas asesinados.
- Avances contra la impunidad.Desde 1995, cuando comenzó el Proyecto Impunidad, se ha sentenciado a 126 asesinos de periodistas (en los 10 años anteriores solamente hubo cinco sentenciados). Aun así, esos asesinos, muchos de los cuales eran cómplices en el mismo asesinato, fueron responsables de sólo 59 de los 258 asesinatos de periodistas que han tenido lugar en América Latina desde 1995. Además, en los años transcurridos desde 2008 se ha registrado un aumento alarmante de asesinatos. Dado que los encausamientos pueden tomar años, aún queda por ver si en estos casos también se emitirán sentencias.
* Asesinados o desaparecidos y presumiblemente muertos. FUENTE: Sociedad Interamericana de Prensa. NOTA: Los datos representados son hasta agosto de 2010. - Las Unidades de Respuesta Rápida de la SIP en México, Colombia y Brasil, consistentes en un periodista por cada país, ha servido de base a la labor del grupo. Han investigado minuciosamente los hechos en un asesinato tras otro y luego han procedido a publicar de inmediato los crímenes, así como a procurar los documentos necesarios para exigir que se hagan investigaciones y arrestos en relación con casos antiguos que las autoridades parecían haber olvidado. Cuando las autoridades se rehúsan a seguir llevando adelante algún caso específico, la SIP lo remite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si es que se hace justicia, se hace lentamente y a veces los gobiernos no prestan atención a los fallos, aunque éstos contienen un firme imperativo moral. En dos de los casos, la Comisión, con sede en Washington, D.C., logró que se indemnizara a los familiares de dos víctimas, una en Brasil y otra en Guatemala.
- La SIP se ha quedado corta en su objetivo declarado de hacer que la impunidad sea un “problema de todos”. Al parecer, el grupo ha conseguido crear conciencia sobre el tema al menos en algunos países — particularmente en Colombia y Brasil — pero incluso quienes lo apoyan han reconocido que el público en general no equipara el asesinato de un periodista con un atentado contra la democracia y la sociedad civil.
- Al parecer, los editores y propietarios de periódicos de toda la región ven el Proyecto Impunidad como un medio necesario, aunque imperfecto. No obstante, los reporteros que se encuentran en la primera línea, dicen que el proyecto contribuye muy poco a hacerlos sentirse más seguros.
- La desaparición del proyecto de la SIP crearía un vacío que parece difícil de llenar. Actualmente hay otros grupos que están luchando contra la impunidad, pero ninguno de ellos cuenta con la presencia general ni la influencia de la SIP, que cuenta con miembros en 33 países de las Américas. Con todo, la SIP debería hacer un mayor hincapié en la prevención de los asesinatos, para lo cual podría aumentar los programas de capacitación de reporteros en zonas de riesgo de toda la región y tratar a México como un caso de emergencia que requiere más tiempo, atención y recursos monetarios, afirma Robert Rivard, editor del periódico San Antonio Express-News, quien ha viajado a México con la SIP en repetidas ocasiones.
Asesinatos por país: Aunque Colombia y México registraron casi el mismo número de asesinatos de periodistas entre 1995 y 2010, la mayoría de los casos de México ocurrieron en los últimos seis años (2005 a 2010), mientras que Colombia registró muchos menos casos durante el mismo período. Asesinatos por país de 1995 a agosto de 2010 * En México, 19 de los 89 están desaparecidos.
“México es una emergencia del más alto nivel”, dice Rivard. “No estamos realizando un esfuerzo suficiente en ese país. Se trabaja incesantemente en la cobertura, la emisión de comunicados y la realización de misiones y reuniones pero, al final de la jornada, los casos siguen sin investigarse ni resolverse y los asesinos siguen actuando con impunidad”.
México constituye un desafío particularmente importante para la SIP, pues los narcotraficantes se han dedicado a sobornar a los reporteros en ese país y apenas ahora es que los periodistas locales se están organizando para protegerse. Lo más probable es que los peligros que enfrentan los reporteros de México empeoren más antes de que empiecen a mejorar. (Aunque la SIP lleva 15 años trabajando en toda América Latina, en este informe se presta atención especial a México porque la situación en deterioro en ese país ha hecho que tanto la SIP con otros grupos de vigilancia de la prensa le presten más atención).
Lo que está en juego en México va más allá de la vida de los periodistas. Los narcotraficantes han penetrado tan profundamente con sus tentáculos en todos los niveles de la sociedad mexicana, que lo que está pasando en ese país ha trascendido el contexto de una guerra entre narcotraficantes y ha empezado a amenazar el funcionamiento del gobierno civil, en formas que lamentablemente hacen recordar la época terrible por la que pasó Colombia. Dado que la prensa ha sido silenciada en tantas ciudades de México, especialmente en el norte, los mexicanos no están recibiendo informaciones fundamentales sobre lo que representa una importante amenaza a su democracia: la forma en que los narcotraficantes han corrompido a alcaldes, gobernadores, jueces, fiscales y policías. A los mexicanos les será muy difícil recuperar su país si la prensa no puede verter luz sobre lo que ha salido mal y resaltar lo que se debe hacer al respecto.
‘¿Cómo podemos marcar la diferencia?’
En América Latina sucede muy a menudo que los periodistas tienen que trabajar en zonas de combate. En 2009, los asesinatos de periodistas llegaron a una cifra récord de 25, según informa la SIP. El saldo de víctimas mortales llegó a 26 durante los primeros ocho meses de 2010, y en esa cifra se incluyen ocho periodistas secuestrados en México que se supone que estén muertos. En contraste, en los últimos 35 años un solo periodista ha sido muerto a balazos en los Estados Unidos y, en los últimos 15 años, ha sucedido lo mismo a solamente uno en Uruguay y uno en la República Dominicana. Sin embargo, en la mayor parte de América Latina los asesinos saben que, en general, puede matar sin temor a ser castigados.
Ricardo Trotti, quien aparece aquí en su oficina de Miami, ha sido director del Proyecto contra Contra la Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa desde el inicio del programa, en 1995. (Courtesy of Knight Foundation)
Ante este telón de fondo, el Proyecto Impunidad empezó con una sencilla pregunta: “¿Cómo podemos marcar la diferencia?” Era el año 1994, y David Lawrence, editor gerente del periódico The Miami Herald, estaba empezando su período de un año como presidente de la SIP. El señor Lawrence hablaba del problema de la impunidad con Julio Muñoz, director ejecutivo de la SIP, y Ricardo Trotti, coordinador de libertad de prensa de la misma organización. Una cosa dio pie a otra y pronto se envió un equipo a que investigara seis asesinatos en América Latina e hiciera públicos los hechos para tratar de que las autoridades reaccionaran.
El proyecto se creó un año después con financiamiento de la Fundación Knight. Desde el inicio, Trotti, periodista argentino de 52 años, ha sido el principal promotor de la idea.
¿Actualmente los periodistas gozan de mayor seguridad que cuando Trotti dio inicio al proyecto hace 15 años? “Sí y no”, afirma el periodista argentino, mientras trata de atender distintas llamadas de América Latina en su oficina ubicada en las cercanías del distrito financiero de Miami. “En Colombia y Brasil, la violencia ha disminuido pero en muchos casos persiste la impunidad. En México, tanto la violencia como la impunidad han aumentado”.
Trotti añade: “Resulta difícil luchar contra sistemas políticos en los que la corrupción y la falta de independencia del poder judicial son la norma. La fuerza del Proyecto Impunidad radica en la regularidad de sus investigaciones y en su insistencia de que se haga justicia. Esto ha servido, hasta cierto punto, para empezar a cambiar el clima de impunidad total”.
El impacto del proyecto
Al tratar de medir los esfuerzos de la SIP, la pregunta clave ha sido: ¿Cómo se define el éxito? Joel Simon es un observador y contribuyente interesado como director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York. Simon hace la pregunta: “¿El éxito se define como la disminución de la impunidad? O, por el contrario, ¿la definición del éxito consiste en decir que si el grupo no hubiera planteado estas cuestiones, la situación sería aún peor?”
Simon se inclina por la segunda definición y expone al respecto un argumento válido. Las acciones de los gobiernos, la brutalidad de los cárteles del narcotráfico y la atención que presten los editores y propietarios de periódicos tienen una influencia mucho mayor que el Proyecto Impunidad en determinar si los periodistas viven o mueren.
En vista de la influencia limitada de la SIP, presentamos una estadística clave para ayudar a determinar el impacto del proyecto: según el grupo, en los 10 años antes de que comenzara el proyecto en 1995, sólo cinco asesinos de periodistas fueron sentenciados por sus crímenes. Desde entonces, 126.
Según este parámetro, el proyecto ha sido un éxito rotundo, pero es cierto que las cifras dan una idea un tanto exagerada. Los 126 asesinos convictos, algunos de los cuales eran cómplices en los mismos casos, fueron considerados responsables en sólo 59 de los 258 asesinatos comprobados o supuestos de periodistas latinoamericanos desde 1995.
Por lo tanto, aún reina la impunidad en la mayoría de los casos. Y muchos de los asesinos solamente han cumplido breves condenas de prisión. Otra estadística clave es que, de los 258 asesinatos de periodistas desde 1995, sólo se ha sentenciado a seis autores intelectuales de los asesinatos, aunque los procesos judiciales han ido en aumento, pues durante el año pasado hubo 12, mientras que en 1995 no hubo ninguno.
Otro parámetro que muestra el impacto de la SIP: tres países (Guatemala, México y Colombia) han aprobado leyes que estipulan la creación de oficinas especiales para procesar a los asesinos de periodistas o agravar los castigos por sus delitos. Sin embargo, este logro ha tenido un efecto menor de lo que esperaba la SIP.
La SIP contribuyó a que el Gobierno de Colombia creara una fiscalía especial que está enviando a prisión a un mayor número de asesinos de periodistas. “La labor policial de investigación ha ido mejorando”, dice Fernando López, uno de los fiscales especiales. “Estamos recibiendo mayor ayuda de los testigos”. López observó que su oficina tendría un mayor éxito si contara con más recursos económicos y se preguntó si la Fundación Knight podría dar una mano en este sentido.
“Los periodistas se quejan de que no hay justicia”, añade López. “Los guerrilleros, narcotraficantes y grupos paramilitares a menudo impiden que los investigadores hagan su trabajo. Cuesta mucho dinero realizar investigaciones”.
En México, los líderes de la SIP ayudaron a presionar al Gobierno en 2006 para que creara una oficina dedicada al encausamiento de delitos contra periodistas. Pero la fiscalía tuvo muy pocos avances. La SIP volvió a presentar sus quejas y, en marzo, el Gobierno federal nombró a un nuevo fiscal. Pero éste no dispone de suficientes recursos monetarios ni humanos y está tan amedrentado que insistió en que una entrevista que concedió en agosto fuera completamente extraoficial.
“Podemos tener las mejores leyes del mundo, pero eso no importa si no existen la voluntad política y el seguimiento necesarios”, dice el congresista mexicano Manuel Clouthier, quien ha procurado infructuosamente que se apruebe una medida según la cual los asesinatos de periodistas no se dejarían a los fiscales locales — quienes a menudo realizan investigaciones muy superficiales — sino que se pondrían en manos de las autoridades federales.
La campaña publicitaria pierde su efecto
Más allá de exigir justicia, la SIP ha tratado de consolidar la voluntad política de proteger a los reporteros en los países de la región. En 2003, el proyecto comenzó en forma de campaña publicitaria que divulgaba cada mes un caso no resuelto de asesinato de un periodista latinoamericano. En los anuncios, que debían publicarse en periódicos miembros de la SIP en toda la región, se pedía a los lectores que firmaran las peticiones de justicia que la SIP enviaría a los gobiernos correspondientes. El propósito de la campaña ha sido atraer la participación de los lectores en la búsqueda de soluciones al problema y presionar a los gobiernos. El señor Trotti calcula que las contribuciones totales en especie realizadas por los miembros de la SIP desde 2003, consistentes en donar el espacio de publicidad, han superado los 28 millones de dólares.
Pero es cada vez menor el número de diarios que imprimen estos anuncios repetidas veces. Al principio, “todas las personas relacionadas con la SIP hablaban de la campaña’’, dice Trotti. “Se podía palpar el entusiasmo. Ahora les tengo que recordar que estamos realizando la campaña. (Se) ha perdido un poco el interés inicial”.
Unos 270 de los 1.030 periódicos que son miembros del grupo publican los anuncios cada mes, en comparación con 320 periódicos en 2007, según una encuesta informal de la SIP que se llevó a cabo para este informe. Y, según la SIP, la campaña ha recibido como promedio solamente 265 firmas al mes en lo que va de año.
“Los medios de comunicación no han logrado transmitir la idea del peligro que enfrentan los reporteros”, dice Roberto Rock. “La sociedad no reconoce a los reporteros como protectores de sus derechos y su libertad de expresión”.
Trotti considera que los anuncios siguen surtiendo efecto incluso si los miembros de la organización “no los han publicado tan regularmente” como antes. Los anuncios llaman la atención del público a los asesinatos olvidados, “ponen incómodos” a los gobiernos y generan publicidad, dice Trotti. Pero la campaña sería “mucho mejor” si también se usaran los medios digitales y sociales para incitar al público a actuar, añadió.
Trotti comprende además que la SIP necesita mejorar su sitio web, www.impunidad.com, que, debido a su diseño poco atractivo y falta de actualización, no está cumpliendo su cometido de dar una dimensión humana a los asesinatos de los periodistas en América Latina e incitar la indignación.
Teniendo esto en cuenta, la SIP contrató a una firma de consultoría para que ayudara al grupo a mejorar su sitio web y orientarlo más a las actividades en línea. La SIP espera que la nueva estrategia ayude al grupo a alcanzar su meta proyectada de 50.000 visitantes únicos al mes, en comparación con los 20.000 que lo visitan actualmente.
Atentado con bomba contra una oficina en Bogotá
Diana Calderón conversa por teléfono desde Bogotá con Trotti en Miami. Calderón, de 42 años, es la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP en Colombia. Estos enlaces fueron creados en el año 2000 a raíz de una conversación entre Trotti y Alberto Ibargüen, el entonces editor gerente del periódico The Miami Herald y presidente de la Comisión contra la Impunidad de la SIP. Actualmente preside la Fundación Knight y es su director ejecutivo.
Durante la última década, Diana Calderón ha documentado los hechos relacionados con veintenas de asesinatos no resueltos y ha alertado rápidamente a Trotti sobre cada nuevo ataque contra periodistas. En ese día de principios de agosto, Calderón está proporcionando los detalles sobre lo que parece ser el objetivo más reciente: las oficinas de Radio Caracol en Bogotá, donde ella trabaja. Un coche bomba que explotó a las 5:30 de esa mañana dejó un saldo de 13 heridos y dañó la fachada del edificio. Calderón está acampada en el despacho de un colega. Las ventanas de su propio despacho, en el séptimo piso, están rotas.
Trotti anota la información que le facilita Calderón, para luego escribir un comunicado de prensa en el que exhortará al Gobierno de Colombia a realizar una investigación agresiva. Se lo enviará a los periódicos miembros del grupo y a los servicios de cables.
Este tipo de trabajo es fundamental para la labor del Proyecto Impunidad en Colombia. El grupo también ha exhortado a los jueces colombianos a que concedan una mayor prioridad a los casos de periodistas asesinados, ha conseguido que la fiscalía vuelva a examinar 27 casos por resolver, ha emprendido una campaña publicitaria encaminada a concientizar más al público y ha producido un documental sobre el asesinato de un periodista, que ha sido transmitido por un canal de televisión en su horario estelar.
El periodista era Orlando Sierra. Su asesino fue capturado y sentenciado, pero fue liberado después de apenas cinco años en prisión gracias a un programa de excarcelación anticipada. La SIP y Andiarios, organización que representa a los periódicos de Colombia, contrataron a dos abogados para que elaboraran un informe sobre el caso de Sierra y han utilizado la información para exhortar al Congreso a que imponga sentencias mínimas con períodos de prisión más largos. El Congreso no se ha dado por enterado.
La buena noticia es que la violencia contra los periodistas prácticamente ha desaparecido en Colombia. En promedio, entre 1998 y 2003, siete periodistas resultaban asesinados anualmente en el cumplimiento de sus funciones, según la SIP. Pero en 2009 sólo fue asesinado un periodista y, hasta agosto de 2010, sólo uno ha corrido esa misma suerte (Clodomiro Castilla Ospino, en la ciudad provincial de Montería). Evidentemente, los esfuerzos de la SIP han surtido efecto, como también ha sucedido con los esfuerzos de grupos locales que se han sumado a la SIP en su labor contra la impunidad.
“Hace 15 años, nadie hablaba del problema de la impunidad”, dice Nora Sanín, directora ejecutiva de Andiarios. “La sociedad colombiana entiende, aunque no sé exactamente hasta qué punto, que cuando alguien mata o secuestra a un periodista, no se trata simplemente de un delito contra esa persona, sino de un ataque contra la libertad de expresión”.
Pero, cuando se le pregunta por qué han disminuido tanto los asesinatos de periodistas, Sanín responde: “La disminución se debe principalmente a las políticas del Gobierno”. Durante los ocho años en que álvaro Uribe fue presidente y le hizo la guerra a la violencia, disminuyeron los asesinatos de todo tipo en Colombia.
Si bien ha habido avances, el sistema judicial colombiano aún deja mucho que desear. El caso de Nelson Carvajal es un ejemplo de esto, pese a los mejores esfuerzos de la SIP. En 1998, Carvajal, periodista radial de 37 años de edad del pueblo provincial de Pitalito, murió tras recibir siete disparos por haber denunciado en las ondas radiales la corrupción local. Su familia exigió acción de las autoridades. En ese momento empezaron las llamadas telefónicas. Si la familia sabía lo que era bueno, decían quienes llamaban, olvidarían el caso o, de lo contrario, terminarían como Nelson.
La familia no olvidó el caso. Las autoridades enviaron a prisión a cuatro hombres, incluido el presunto autor intelectual. Pero todos fueron exonerados y puestos en libertad.
Diana Calderón se ocupó del caso en 2002. Hizo tres viajes a Pitalito para entrevistar a testigos, acopiar datos y examinar las actas judiciales. Gracias a sus esfuerzos, las autoridades reabrieron el caso. Las amenazas de muerte contra la familia de Carvajal se reanudaron. Una de sus hermanas salió con vida de un atentado que se le hizo. Con ayuda de la SIP, ingresó en un programa gubernamental de protección de testigos. La viuda de Carvajal y otros miembros de la familia abandonaron el país, con ayuda del Gobierno de Colombia.
En 2006, le tocó el turno a la propia Calderón. “Siga investigando y usted también se ganará su último lugar de descanso”, decía una nota que se le envió a su oficina y que contenía cruces que evocaban sepulturas. El Gobierno le asignó guardaespaldas a Calderón el día entero.
La SIP tampoco olvidó el caso. A partir de diciembre de 2005, Ricardo Trotti sostuvo siete reuniones con el Gobierno colombiano, acompañado por Enrique Santos, quien era entonces vicepresidente de la SIP y editor gerente del diario El Tiempo, de Bogotá.
“Diana presionó constantemente a los fiscales”, dice Miriam Carvajal, durante una conversación sobre el asesinato de su hermano en un café de Bogotá. “La fiscalía hizo avanzar el caso gracias a la SIP”. No obstante, esa investigación ha tenido escaso éxito. El Tribunal Supremo desestimó una solicitud de reexaminar el caso.
La SIP presentó el caso de Carvajal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero esta vez tampoco recibió un dictamen favorable. “Aún no hay justicia”, dice Miriam Carvajal. “Hay que ser realista. No culpo a la SIP por no lograr mayores resultados”.
Trotti se enorgullece enormemente al enviar casos sin resolver a la Comisión Interamericana, que es parte de la Organización de Estados Americanos. Gonzalo Marroquín, propietario del periódico Prensa Libre, de Ciudad de Guatemala, se hace eco de la perspectiva de otros dueños de medios de prensa al decir que los gobiernos recalcitrantes sí reaccionan ante los fallos de organismos internacionales.
“Hemos obtenido algunos resultados satisfactorios”, dice Marroquín. Un ejemplo destacado: la Comisión consiguió que el Gobierno guatemalteco reconociera en 2001 que no había tomado las medidas necesarias para evitar el asesinato de la periodista Irma Flaquer en 1980 y que luego no procedió a realizar una investigación de homicidio adecuada. La familia fue indemnizada con una suma de 150.000 dólares. Trotti dice que el caso de Flaquer dio lugar a la creación de una fiscalía especial en Guatemala que se encargaría de los delitos contra periodistas.
En Brasil, el año pasado se expidió un fallo favorable con respecto al asesinato en 1998 del editor periodístico Manoel Leal de Oliveira, lo que podría hacer que las autoridades reabran su caso, dice Clarinha Glock, investigadora de la SIP en Brasil.
Pero la dificultad para lograr que se haga justicia en los casos sin resolver es harto conocida. La Comisión ha admitido 11 de los 27 casos presentados por la SIP desde 1997 y hasta el momento sólo ha expedido fallos favorables en tres de ellos.
Tal vez el procedimiento sea largo e imperfecto, pero “es la mejor y única avenida de que disponemos para hacer que no se olviden los asesinatos de periodistas y para instigar a los gobiernos a actuar por medio de la presión internacional”, dice Trotti. “Con estas acciones, no devolvemos la vida a los periodistas, pero sí sentamos un precedente importante y obligamos a los gobiernos a encarar el problema de la impunidad”.
Los funcionarios mexicanos reaccionan con lentitud
María Idalia Gómez, sentada en su sala en Ciudad de México, habla sobre el creciente problema de la impunidad en México. Ella es la coordinadora de respuesta rápida de la SIP en México. Se detienen para leer un nuevo mensaje que le acaba de llegar por su Blackberry. “Han liberado a los dos últimos periodistas”, dice Gómez.
A police investigator looks for evidence following a drug-related hit in Hermosillo, Mexico. (Courtesy of Knight Foundation)
En un caso que mantuvo en vilo a la prensa de Ciudad de México, los narcotraficantes habían secuestrado a cuatro reporteros cerca de la ciudad norteña de Torreón, entre ellos camarógrafos de Televisa y Milenio, dos de las grandes cadenas televisivas de México. Este acto marcó la primera ocasión en que los reporteros objeto de secuestro trabajaron para esas redes televisivas, y la inmensa atención mediática que recibieron convirtió su situación en un caso sonado.
Para consternación de Trotti y todos los demás integrantes de la SIP que han tratado de abordar el tema de la impunidad en México, el Gobierno de Calderón no ha dado carácter prioritario a la protección de los periodistas, como lo han hecho los gobiernos de Brasil y Colombia. Tampoco lo han hecho los medios de prensa mexicanos, aquejados por la desunión y por la debilidad de su asociación de prensa.
Todos estos elementos conspiraron contra la SIP el año pasado, cuando la organización trató de hacer llegar las enseñanzas adquiridas en Colombia a los periodistas, ejecutivos mediáticos y funcionarios gubernamentales mexicanos. En muchos sentidos, México parece encontrarse en el punto en que estaba Colombia alrededor de 1985. La SIP llevó a México a tres prestigiosos colombianos para que relataran sus experiencias. Eran el ex presidente César Gaviria, Enrique Santos y Oscar Naranjo, actual jefe de la Policía Nacional.
“No asistió ni un solo miembro del Gobierno mexicano”, recuerda Santos. “La triste verdad es que ellos [los mexicanos] no han asimilado nuestra experiencia. No se ha traducido en acción por parte de los diarios”.
En últimos años, la SIP ha enviado más de una docena de misiones a México y ha auspiciado 13 seminarios con reporteros y editores. Aun así, dice Roberto Rock, “la violencia [contra periodistas] no está incluida entre las prioridades públicas, ni siquiera las del poder ejecutivo, el Congreso ni los medios de difusión”.
María Idalia Gómez es la persona de contacto de la SIP en México para hacer frente al intenso desafío que se presenta en ese país. Desde que fue contratada en 2003, Gómez, de 39 años, ha viajado por todo el país para documentar los hechos de casos por resolver y dar noticias sobre el asesinato más reciente. Este trabajo a menudo la hace ir a las zonas de conflicto.
“El trabajo es abrumador”, dice Gómez, que a menudo recibe la ayuda de su esposo, Darío Fritz, quien también es periodista y trabaja para la SIP a tiempo parcial.
La mayoría de los asesinatos que Gómez investiga tienen lugar fuera de Ciudad de México, en ciudades del norte, como Tijuana, donde los narcotraficantes han convertido lo que era un destino turístico en una zona de muerte. El cártel del narcotráfico Arellano Félix y otros se abrieron paso por la fuerza, dejando un saldo de cientos de muertos. Los asesinatos son cada vez más rápidos y brutales. Los cadáveres de los que son asesinados por haber hablado más de la cuenta aparecen con las lenguas cortadas. Los que se han acostado con la mujer de un narcotraficante aparecen muertos y castrados. Las víctimas decapitadas transmiten un claro mensaje: una advertencia a sangre fría de no buscarse problemas con los narcotraficantes.
Héctor Félix Miranda no hizo caso a estas advertencias. El señor Félix Miranda, de 28 años, era un fanático apasionado por el béisbol y era el popular editor gerente del semanario Zeta, una publicación muy crítica en Tijuana. Publicaba nombres cuando escribía columnas en las que denunciaba el narcotráfico, los asesinatos, la tortura y la corrupción oficial.
Félix Miranda conducía su auto al trabajo en una mañana de 1988 cuando un Pontiac Trans Am negro se interpuso en su camino y de él salió un hombre armado con una escopeta calibre 12 y descargó dos andanadas contra Félix Miranda, con lo que lo mató al instante.
Los narcotraficantes volvieron a usar como blanco a la revista Zeta en 1997. Unos pistoleros dejaron gravemente herido al coeditor gerente Jesús Blancornelas en un ataque en el que su guardaespaldas resultó muerto.
En 2004, Ricardo Trotti visitó Tijuana para ayudar al coeditor de Zeta, Francisco Ortiz Franco, a acopiar más datos en relación con el caso de Félix Miranda que se había presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El propio Ortiz Franco era un hombre marcado debido a sus denuncias.
Tres semanas más tarde, un asesino enmascarado arremetió contra Ortiz Franco cuando este se disponía a ir en su auto a una consulta médica. Dos de sus hijos estaban sentados en el carro con él y lo vieron morir.
“Semana tras semana, escribía impactantes informes sobre los narcotraficantes”, recuerda la viuda de Ortiz Franco, Gabriela Ramírez. “Yo quería que dejara el periódico y se dedicara a la abogacía. él decía que le apasionaba el periodismo y que no pasaría nada”.
Las autoridades nunca han pedido a Gabriela Ramírez que les dé información sobre el caso. Tampoco le han pedido tener acceso a las libretas de notas de Ortiz Franco ni a su computadora. “Nunca tomaron declaraciones de los sospechosos”, añade la viuda. “Las personas involucradas en su asesinato son poderosos hombres de negocio de Tijuana y las autoridades no quieren buscarse problemas con ellos”.
Dos de los asesinos de Félix Miranda se encuentran en prisión, pero el autor intelectual nunca recibió su castigo. A su vez, ninguno de los asesinos de Ortiz Franco ha tenido que enfrentar la justicia.
Adela Navarro, coeditora de Zeta, encomia a la SIP por tratar de mantener vivas las investigaciones. “Es la única organización que no ha abandonado la búsqueda de respuestas sobre los asesinatos. Es importante que los periodistas no se sientan solos”.
La violencia toca a las puertas
El sol apenas empezaba a calentar en la mañana de aquel primer sábado de agosto, cuando cientos de periodistas se reunieron frente al ángel de la Independencia, el monumento en honor a la independencia de México, en el centro del Distrito Federal. A las 12:45 p.m., comenzaron su marcha por la avenida principal, el Paseo de la Reforma. “Ni uno más”, coreaban los periodistas.
“Ahora nosotros mismos somos la noticia”, explica Elia Baltazar, coeditora del diario Excélsior y una de las organizadoras de la marcha.
La violencia, que ha dejado 61 periodistas muertos o presumiblemente muertos durante los últimos cinco años (casi todos en ciudades lejanas), finalmente ha afectado a Ciudad de México con el secuestro de los periodistas de televisión.
“Lo más importante de la marcha es que se hizo”, dice Jorge Carrasco, quien hace crónicas sobre narcotráfico para la revista Proceso, una revista noticiosa muy crítica. Carrasco condena la falta de solidaridad que ha existido hasta el momento.
Las primeras señales de cambio parecen representar una oportunidad para que la SIP trabaje con mayor ahínco a fin de marcar la diferencia en México. El grupo no ha tenido prácticamente ningún éxito en años recientes debido a la indiferencia oficial del Gobierno de México y al poder y el carácter despiadado de los cárteles del narcotráfico. “Son dos pasos hacia adelante y tres hacia atrás”, manifiesta Ricardo Trotti.
Una señal alentadora: en una reunión con líderes de la SIP y del Comité para la Protección de los Periodistas, celebrada el 22 de septiembre en Ciudad de México, el presidente Calderón prometió insistir ante el Congreso mexicano para hacer que los delitos contra la libertad de expresión se consideren delitos federales. Calderón dijo además que quería que México estableciera un sistema para proteger a los periodistas en riesgo, como lo ha hecho Colombia.
“El presidente Calderón se mostró abierto y comprometido con los temas presentados”, dice el editor Robert Rivard, de San Antonio. “En ningún momento se mostró a la defensiva, lo que fue muy positivo desde nuestra perspectiva”.
Hasta la fecha, el Gobierno de Calderón ha mostrado poco apetito por federalizar los crímenes contra los periodistas, dice el congresista Clouthier, un ex editor de diario que ha estado promoviendo la medida en la Cámara de Representantes de México. Muchos funcionarios de los gobiernos locales han presionado a congresistas de su zona para que se opongan a la medida, dice Clouthier, porque “operan mano a mano con los elementos delictivos”. Dijo que los miembros de la SIP podrían hacer mucho más. Ellos “ven a la SIP como una forma de protegerse a sí mismos, no a sus periodistas”, dice. “Consideran que enfrentarse a los líderes políticos es poner en peligro los intereses de sus negocios”.
O, como expresara Marcela Turati, reportera independiente de Proceso desde las zonas de conflicto, poco antes de iniciarse la marcha: “No me siento protegida por la SIP. Es un club para propietarios”.
El grupo debe continuar su trabajo, pero debe reformar el Proyecto Impunidad para reaccionar con mayor rapidez y concentrarse más en proteger las vidas de los reporteros, especialmente en México. Podría realizar más seminarios sobre seguridad y ética, dice Darío Dávila, un periodista que ha trabajado desde hace mucho tiempo en las zonas de conflicto y que ahora dicta seminarios por Internet sobre entrenamiento de seguridad, a través de la Universidad de Guadalajara. “Necesitamos más acción”, manifestó.
Podría haber ya alguna ayuda en camino: a principios de este año, Trotti y otros miembros del Proyecto Impunidad se reunieron con el multimillonario mexicano Carlos Slim para recabar su apoyo. Slim, quien tiene acciones en el periódico The New York Times, pidió que se le presentara un conjunto e iniciativas que él pudiera financiar.
“Queda mucho más por hacer”
Diana Calderón está sentada frente a su escritorio a finales de julio en Bogotá. Sus guardaespaldas esperan afuera para acompañarla cuando salga del edificio. Esto ocurre dos semanas antes de que el inmueble sea dañado por un coche bomba. “Siempre que pienso que estoy cansada y me siento mal al saber que tengo que andar todo el tiempo con guardaespaldas”, dice Calderón, “recuerdo a las familias que esperan resultados. Y los estamos obteniendo. Pero queda mucho más por hacer”.
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Nota del editor: Este reporte fue originalmente publicado en The Knight Foundation.
