Las muertas de Juárez: ¿Un caso resuelto u oculto?

Diana Arrieta

CD. JUÁREZ – Los restos óseos encontrados en la Sierra de San Agustín, municipio de Práxedis G. Guerrero, pertenecen a tres menores de edad desaparecidas en los años 2009 y 2010 – Lizbeth G., de 17 años, Yessica P.,15 y Andrea G., 15.

Entre los cientos de casos similares también está la joven Jéssica Leticia Peña, secuestrada en el centro de Juárez el 30 de mayo del 2010 cuando iba a buscar trabajo, según se publicó el 11 de noviembre en el periódico La Policiaca, D.F.

El 17 de febrero de 2012 el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, declaró que, a dos años de que iniciara la estrategia para buscar mujeres desaparecidas llamada “Todos Somos Juárez,”  la tasa de homicidios disminuyó un 57 por ciento.

Para  entender realmente los logros de “Todos Somos Juárez” tendríamos que hacer un recuento de los hechos estableciendo un panorama, ya que, a partir de 1993, el número estimado de mujeres asesinadas hasta el año 2012 asciende aproximadamente a más de 700, aunque la cifra real se desconoce.

Según el Centro de Justicia para Mujeres de Cd. Juárez, las desaparecidas son  jovencitas entre 15 y 22 años de edad, de pelo largo y obscuro, delgadas y de bajos recursos económicos. Muchas eran jóvenes trabajadoras que convergían en la zona centro para tomar un transporte colectivo hacia las maquiladoras, o bien que transitaban la zona por distintas razones.

Los cadáveres encontrados en zonas desérticas como la llamada “Lomas de Poleo,” han  mostrado señales de tortura, violaciones y vejaciones de todo tipo. Ha sido un asunto que ha puesto a la ciudad en el ojo del mundo a veces como la capital mundial del homicidio.

Era evidente que las víctimas eran seleccionadas y cazadas a través de todo un sistema de organización, pues las particularidades de los hechos, las singulares características de las investigaciones policiacas y el quedar sin esclarecer el caso ha llamado la atención de críticos, asociaciones y prensa internacional.

Durante estas décadas en Cuidad Juárez se ha visto de todo. Así mismo, se ha supuesto de todo, desde  sectas que mataban con saña a sus víctimas, compra de órganos humanos, cine snuff, extraterrestres que secuestran a sus víctimas con fines de investigación y, las tal vez primeras señales de discordia entre bandos del narcotráfico.

En su edición del 31 de octubre del 2003, el diario La Jornada de México D.F., señalaba que, “Los cadáveres de Lote Bravo y Lomas de Poleo estaban entre los 24 expedientes que estudiaron los especialistas de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) cuando visitaron Ciudad Juárez en marzo de 1999, después de que el presidente Ernesto Zedillo solicitó apoyo al mandatario estadunidense Bill Clinton durante una reunión en Mérida, Yucatán, en febrero de 1999. Los cuerpos de algunas de las víctimas tenían un triángulo en la espalda, marcado con alguna arma punzocortante. En el Oriente, el triángulo es un símbolo de la ultraderecha.”

Más adelante, dicho artículo menciona: “Con la muerte de Lardizábal, (expolicía que investigaba la corrupción de la policía) nació el llamado cártel de los policías de Juárez. Rafael Aguilar, el primer gran capo de la ciudad, fue policía federal antes de entrar al narco, pero él representó la vieja guardia. Como referencia, 1993 fue el año en que Amado Carrillo Fuentes se apoderó de la plaza fronteriza, y desde mayo se desató un infierno que llegaría a incluir centenares de desapariciones y muertes de hombres y mujeres, cientos de narcoejecuciones, y más de 120 de las muertes sistemáticas de mujeres.”

La corrupción en la policía de Ciudad Juárez fue pieza clave para que, a partir de la institución del cartel, surgieran una serie de levantamientos misteriosos a todos los niveles; en este momento las jovencitas de la ciudad no eran elemento exclusivo de  interés por parte de la violencia.

En su libro Harvest of Women, la autora Diana Washington deja entrever que en los asesinatos de mujeres hay un asunto más delicado que el narco cuando menciona: “Aprendí que hubo varias investigaciones mexicanas a nivel federal que se llevaron a cabo antes del 2003 y que fueron contundentes. En ocasiones distintas, también hubo oficiales estatales en Chihuahua que trataron –sin éxito–  de seguir una de las líneas que ya conocían los investigadores federales. Agentes de la inteligencia del Ejército Mexicano también observaban con alarma lo que sucedía en Juárez. A ellos sólo se les permitía pasar la información a sus superiores.”

Durante estas investigaciones, numerosas personas fueron vigiladas. Se sabe quiénes son, “y está comprobadísimo”, dijo uno de los investigadores mexicanos. Otro investigador le escribió una carta a Vicente Fox sobre sus hallazgos. El agente no sabe si le llegó la carta al Presidente, y desde que la envió, él es ahora el que está vigilado y hostigado. Como nunca se arrestó a los sospechosos, sólo se puede especular para qué fines se están usando los resultados. No se debe descartar el chantaje político o la extorsión. Anteriormente, la FBI afirmó que en Chihuahua existen dos expedientes sobre los casos, “el que muestran a todo mundo y el que se guardan (…) y nosotros sabemos lo que contiene el que se guardan”. Y continua:

“Las investigaciones mexicanas federales contienen relatos de oficiales y otras personas que facilitaban orgías donde se ultrajaba a mujeres que aparecían muertas después. Los investigadores dicen que algunas de las personas también participaban en los asesinatos.”

Es importante señalar, que durante todo este periodo, sobre todo al inicio, las autoridades minimizaban la gravedad de los hechos, a través de declaraciones a la prensa donde, dejaban claro el interés de cubrir esta dolorosa realidad, con la ineficiencia de todo el sistema. En aquel entonces, el que era gobernador del estado de Chihuahua, Francisco Barrio, minimizó los hechos y se los atribuyó a las mismas víctimas.

Barrio dijo que “Las muchachas se mueven en ciertos lugares, frecuentan a cierto tipo de gente y entran en una cierta confianza con malvivientes que luego se convierten en sus agresores. Las gentes buenas que se queden en sus domicilios, con sus familias, y los malos que sean los que salgan a la calle.” (Señorita extraviada. Documental de Lourdes Portillo).

¿Era así necesario “quedarse en casa”  para no exponerse?  ¿Era necesario que se violara el derecho de libertad constitucional para no morir? ¿Que clase de salida era aquella sarta de declaraciones? Las autoridades también hacían énfasis en desacreditar a las víctimas ante la sociedad y sus familiares, haciendo creer que llevaban una doble vida y que se dedicaban a la prostitución cuando en realidad, se trataba de estudiantes, madres jóvenes y mujeres de familia, trabajadoras. El número de víctimas fue creciendo y la insensibilidad  por parte de las autoridades ante las familias fue incrementando;  ante la presión de la mirada internacional, sólo se mostraban intenciones pero nunca resultados de esclarecer y hacer justicia ante tales crímenes. Después surgió la frase “guerra entre pandillas,” que era común entre los noticiarios y gobierno, minimizando así la ola que estaba anunciándose ya: la guerra del narcotráfico, infiltrada hasta en lo más recóndito de los ámbitos del poder.

Sandra Rodríguez Nieto, la autora del libro La Fábrica del Crimen, que salió a la venta en México en el 2012, explica que, de los asesinatos de los últimos años, oficialmente nadie investiga, pues caen en un hoyo legal en el que autoridades locales y federales ahogan sus excusas para no investigarlos. “Mientras no sepamos qué ocurrió con los anteriores casos, no habrá condiciones para la reconstrucción real de una comunidad que ha vivido lo que nosotros, por eso el combate a la impunidad es medular,” asevera la autora en entrevista con EL PAÍS.

En enero del 2011 la activista y creadora de la frase “Ni una más,” Susana Chávez, fue asesinada ante la total controversia y conmoción de la ciudad.

Chávez, de 36 años, exigía que fueran esclarecidos los asesinatos de mujeres en esa localidad fronteriza, considerada la más violenta del país.

“Es parte del clima de impunidad en que vivimos,” le dijo a BBC Mundo Norma Ledezma, coordinadora de la organización Justicia Para Nuestras Hijas. “Defensores de derechos humanos afirmaron que las autoridades pretenden culpar a la víctima de su muerte.”

Actualmente, y con el paso reciente de la guerra del narcotráfico, las autoridades han “aprovechado” esta laguna que ha dejado “atrás” a las muertas de Juárez; hechos por demás violentos que han desviado la atención de la ciudadanía hacia otros tópicos de  resolución urgente.

Es menester aclarar que, a raíz de los últimos hechos, la ciudad ha pasado un proceso de  catarsis lento, del que todavía no vemos el desenlace final. Con estos hechos, surgieron asociaciones, fundaciones, centros de atención  y  muchas voces que se han dejado escuchar. Ningún corazón juarense ha permanecido inmutable ante  tanta pérdida y dolor. El estilo de vida  ha dado un giro inesperado, dando más lugar a la cercanía entre miembros de las familias y, también, es notorio ver la solidaridad de los juarenses que  han permanecido en su ciudad. Es palpable el número de asistentes a las iglesias, los centros de acopio contra el frio, y necesitados. Hoy por hoy, aunque lento, se nota más movimiento comercial entre las calles antes muertas y desoladas por la ola de crisis y golpes de la violencia y, seguramente, después de  las últimas décadas, ningún juarense  se conducirá con confianza, al circular por la ciudad.

Los observadores indican que, dichos asesinatos han seguido impunes, sin resolución y que tal vez sigan pasando los años y se sigan encontrando osamentas de jóvenes extraviadas.

Actualmente, las familias se refugian en el autoconsuelo, algunas otras en la rebeldía contra el gobierno, acudiendo a asociaciones, organizando marchas y mítines, protestas, y otras tantas, plantones ante  los edificios públicos. Todos mueren a diario la muerte lenta de la impotencia, preguntándose por qué a ellos. ¿Por qué sus hermanas? ¿Por qué sus hijas? Entre la maraña de la gran ciudad convertida en metrópolis, siguen los interrogantes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos  ha llegado a considerar al Estado Mexicano como uno de los principales responsables de estos hechos, y el Parlamento Europeo acusa a este país de no actuar y dejar que continúen estos crímenes de odio contra las mujeres en Ciudad Juárez, propiciando que la situación se haga cada vez execrable.

Ruth Ayala, directora del Centro Chihuahuense de la Mujer en Cuidad Juárez, asegura que en el mes de agosto, hubo alrededor de 35 mujeres desaparecidas en la cuidad. “Es una situación muy difícil. Durante los últimos años la guerra contra el narcotráfico ha solapado estos hechos, pero la realidad es que los feminicidios y las desapariciones de mujeres en Juárez son problemas todavía palpables,” dijo Ayala.

En julio de 2012 las autoridades policiacas han iniciado lo que Silvia Nájera Robledo, vocera del Centro de Justicia para las Mujeres en Cuidad Juárez, definió como el “Protocolo Alba,” un mecanismo de búsqueda urgente en el caso de denuncias de mujeres y niños desparecidos, tendientes a que sea objeto de una investigación rápida, cabal e imparcial, involucrando a los medios de comunicación y a los familiares para que cooperen con las autoridades de los tres niveles de gobierno, dada la vinculación estrecha que existe entre desapariciones y asesinatos.

“El Protocolo Alba funciona en tres fases. La primera fase consiste en buscar a la mujer desaparecida durante un periodo de 24 horas. Si durante este lapso de tiempo, no aparece, entonces se aplica la segunda fase. Aquí se hace una junta y entran todas las corporaciones policiacas –las instituciones gubernamentales de los tres diferentes niveles de gobierno– y empiezan a formular una estrategia de cómo y en donde van a buscar a la mujer desaparecida,” dijo Nájera. “Si después de determinados días no aparece la chica, entonces se aplica la tercera fase del Protocolo Alba. Aquí es cuando se presume que hay un delito aún mayor –la mujer pudo haber sido asesinada. Entonces es cuando se empieza a investigar más y se abre una carpeta extensa de investigación que puede incluir a los familiares y amigos cercanos de la mujer.”

Como parte de este mismo protocolo en el que participan más de 18 instituciones, se ha iniciado una campaña publicitaria para ayudar en la búsqueda de mujeres desparecidas.

“Estamos poniendo posters alrededor de la ciudad para concientizar a la gente,” dijo Ayala. “Estos posters contienen números telefónicos a los cuales la gente puede llamar en caso de tener información de alguna desaparición.”

Con este mismo material se ha empezado a producir envolturas de tortillas que informan a la ciudadanía de igual manera.

“Es un papel cebolla simple que se va a entregar a un determinado número de negocios para que ahí se envuelvan las tortillas,” añadió Ayala. “De esta forma, llegan las mujeres y se llevan sus tortillas y a la vez, el número telefónico 066, que es a donde tienen que comunicarse como parte del Protocolo Alba en caso de obtener informes.”

Realmente nadie puede afirmar cuales han sido los móviles de tanta masacre; lo interesante es encontrar la causa de tanto silencio y encubrimiento. Indudablemente hechos de interés de peso permanecen ocultos y finalmente convierten al Estado en responsable directo o indirecto al solapar y consentir el silencio, mostrando reticencia a la investigación y exposición absoluta de los culpables.

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